Francis Caamaño ante el Altar de la Patria.

EN PRO DEL IMPERIO DE LA LEY

«La Ley es igual para todos...», según se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, según sostienen grandes pensadores universales como: Voltaire, Montesquieu, Franklin, Jefferson, Rosseau (y muy especialmente éste último), el hombre, al entrar en sociedad, lo hace mediante un contrato social, en el cual delega sus derechos y la protección de éstos a un sistema, por todos, acordado de antemano. Tal sistema tiene por misión administrar y garantizar tales prerrogativas; he ahí de donde nace el Ius Puniendi o derecho del Estado a penar los delitos cometidos por sus ciudadanos. Mas, todos vemos como esos derechos son —en vez de defendidos y garantizados— usufructuados y constantemente vulnerados por el goce especial de que disfruta la burocracia gubernativa de turno y, por esto, en vez de la muy benéfica Dictadura de la Ley, surgen las mesiánicas dictaduras de los Franco, Trujillo, Bignone, Galtieri, Duvalier, Somoza, Pérez Jiménez, Batista y un larguísimo etc... y el hombre... nuevamente... y por medios violentos... se ve obligado a conquistar su libertad al precio de sangre y fuego...

Fundamentándose en tales motivos, el juez latino (de origen dominicano) Manuel Méndez Olivero, que imparte justicia en la Corte Suprema de Manhattan, en la ciudad de Nueva York sostiene en su discurso que: «...Lo más importante, en cualquier sociedad es la Justicia; que el pueblo respete a la Ley y que la Ley se aplique igual para todos, tanto a ricos como a pobres. Pues el ciudadano común desobedece la Ley si piensa que ésta sólo se aplica en su contra. Debemos implantar el imperio de la Ley, crear una cultura de la legalidad. Nadie debe creer que está por encima de la Ley, sólo porque tiene un cargo público o político. Es precisamente aplicándole la Ley a los poderosos que se convence al ciudadanos común de que la Ley es igual para todos...»

Tan hermoso discurso es antípoda fiel a todo lo que sucede en mi natal República Dominicana. Aquí la Ley sólo se aplica a los infelices; y los funcionarios judiciales (incluyamos entre éstos no sólo a los jueces sino también a los fiscales del Ministerio Público; pues, los primeros, son nombrados por interinatos, luego de que las vacas sagradas de la Suprema Corte de Justicia, han puesto miles y miles de zancadillas a los abogados que se presentan a los concursos para optar al cargo de juez; y a, los segundos, les regalan el puesto tan sólo por ser amigo del Presidente o miembros de un comité de base del partido en el gobierno) son enemigos jurados de los sectores más empobrecidos; pues éstos no tienen con que pagarle la coima o la mordida que ellos exigen por sus servicios. En tanto que los policías e investigadores (supuestos auxiliares de los primeros) tienen instituidas sus propias pandillas de malandros y malandrines, de todas layas, instaurando así la denominada Delincuencia de Estado. Siendo así, de salud es preguntarnos: ¿De qué manera avanza una nación que viva bajo tales parámetros...?

Es muy cierto que la Democracia no es perfecta, pero si algo de bueno ella tiene, es precisamente su perfectibilidad; por tanto, los dominicanos (y, obviamente, los ciudadanos de todos los países del mundo) en vez de soñar con una vuelta regresiva a las sangrientas y variopintas tiranías que hemos padecidos ya, deberíamos mirar hacia la Democracia (real y verdadera), pues, a través de ella, sin necesidad de utilizar los extremos recursos de la violencia, se pueden implementar cambios. Utilicemos, pues, los fueros de la Democracia (real y verdadera) para procurar instaurar en nuestros pueblos La Dictadura de la Ley, una en la que la divisa regente sea el majestuoso imperio de la Ley sobre todos y todas; y esto sólo se logra reformando, relanzando, reingeniando, reinventando o descentralizando (o como a usted guste decir) todas esas viejas, burocratizadas y, por ende, anquilosadas estructuras gubernamentales, judiciales y policiales que actualmente poseemos; es decir, logrando hacer efectiva la rancia inefectividad de esos órganos sociales. Hagámoslo ya, señores, sembremos entre los muy prometedores surcos de nuestros pueblos nuevos brotes de democracias. ¡Propiciemos, pero ya, un nuevo y reivindicador Trabucazo[1]!

Autor: Rodolfo Cuevas©: 28/06/2010;

todos los derechos reservados; Ley 65-00.

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[1] La independencia de la República Dominicana se inició el 27 de Febrero de 1844 luego de un trabucazo comprometedor propiciado por el prócer Matías Ramón Mella en el Altar de la Patria o Bastión de San Genaro.